Rodríguez Saá cierra el actual mandato sin dar respuestas a cientos de inscriptos en viviendas

Vecinos de San Luis, Villa Mercedes y del interior que pagan cuotas hace varios años reclaman por el acceso a sus hogares.

Cientos de inscriptos que no alcanzaron a recibir su casa porque al asumir su tercer mandato Alberto Rodríguez Saá paralizó la política de vivienda, casi cuatro años después siguen peregrinando en un viaje eterno a la Casa de Gobierno.

En la mayoría de los casos son familias que se inscribieron en 2011 y habían adquirido la condición de preadjudicatarios con el anterior Gobierno, pero al asumir la actual administración les cambió las reglas de juego, lo que significó una incerditumbre.

300 es el número de los perjudicados, pero no es una cifra oficial. Lo que sí se sabe es que cerca de 150 personas de la ciudad capital y 120 de Villa Mercedes de los Plan Progreso y Sueños mantienen el reclamo. Del interior no hay datos ni siquiera extraoficiales.

Ante el panorama poco alentador, hace unos meses atrás decidieron organizarse, armar un grupo de WhatsApp y compartir experiencias, reuniones y los reclamos.

Pocos días después de cerrarse el calendario electoral fueron (otra vez) a la Terrazas del Portezuelo. Cerca de las 9 llegaron a las oficinas de la secretaría de Viviendas de la Provincia a cargo de Ángela Gutiérrez de Gatto.

En la mesa de entrada les avisaron que no se encontraba la secretaria y decidieron esperarla.

Cerca de las 11, Gatto llegó al edificio y mantuvo una acalorada discusión. Allí los vecinos le entregaron una nota.

Si bien la funcionaria mantuvo el diálogo con un grupo de 30 personas en su despacho, afuera de la secretaría otras 10 esperaron pacientemente las novedades ya que no podían ingresar. Según las autoridades “no había suficiente espacio físico”.

“Exigimos la prioridad en la adjudicación de viviendas. Que se tenga en cuenta la cantidad de años que venimos esperando de manera pacífica la adjudicación de nuestro hogar”, reza el escrito.

Además, solicitaron el reconocimiento de las cuotas ya abonadas. La gran parte, pagaron 70 cuotas de $500 hasta diciembre de 2017. En ese momento el Gobierno les pidió que no abonaran más porque ingresarían a un “plan nuevo”.

Pese a las promesas la situación no cambió.

El Chorrillero pudo conversar con inscriptos en la puerta del organismo, ya que la guardia policial no permitió el ingreso al edificio mientras se desarrollaba la reunión.

Lourdes es uno de los ejemplos de la lucha. Es discapacitada y en 2011 estaba recién casada y esperaba a su hijo. Hoy el niño tiene 7 años.

“Me inscribí, esperamos y cuando asumió el gobernador Alberto (Rodríguez Saá) las casas estaban listas y no se entregaron”, sostuvo.

A la hora de buscar respuestas, siempre se toparon con que “debían esperar”. “Nunca nos aseguraron la prioridad por tener 70 cuotas pagas. No es justo”, dijo.

Según manifestaron, para el Gobierno están en las mismas condiciones que quienes se inscribieron durante la actual gestión. Esto es rechazado por las familias.

“Las viviendas que se están construyendo son muy pocas para cubrir las necesidades”, indicó Lourdes. Además, contó que tampoco aceptan una devolución del dinero porque su deseo es la casa propia.

“Queremos que nos aseguren la prioridad y que nuestros hijos tengan un hogar”, agregó la mujer.

Otro testimonio claro es el de Gabriel, padre de tres hijos que actualmente vive con su esposa en una habitación prestada y hace changas para ganarse la vida.

“Nos mintieron diciendo que nos iban a entregar la casa y que tengamos paciencia. Hemos luchado, gastado dinero para venir constantemente acá y nunca nos dieron una solución”, señaló.

Al igual que Lourdes, pagó hasta la cuota 70 regularmente y aseguró que su intención es seguir pagando las cuotas sin importar la actualización.

“Nos da la sensación que todo esto es azar y que dependemos de la suerte. Hemos traído todos los papeles, fotos de cómo vivimos y nunca ocurrió nada”, indicó.

Luego de casi dos horas de reunión, Gutierrez de Gatto se habría comprometido una vez más a darle “la prioridad”. Otro dato más es que la fecha de entrega tampoco está fijada.

“Nos dijo que se verificará la situación de cada uno y que habrá transparencia. Un mes antes de la entrega irán casa por casa haciendo un relevamiento”, expresó Soledad, otra preadjudicada, luego del encuentro.

Lo cierto es que tras ocho años de espera, las familias todavía no cuentan con el sueño de la casa propia y las promesas del Gobierno siguen sin concretarse.